La Asociación Nacional de Industriales de Plásticos (Anaip) alerta sobre las graves complicaciones que afronta el sector de la transformación de plásticos para aplicar correctamente el impuesto al plástico tras más de dos años desde su entrada en vigor. Una reciente encuesta realizada por la asociación revela que casi el 70% de las empresas del sector tienen dificultades para saber si sus productos están afectados por este tributo. Este dato demuestra la falta de claridad de la norma, pone en cuestión la efectividad de la medida, merma la competitividad de la industria española y genera inseguridad jurídica.

Muchas compañías carecen de los recursos técnicos y humanos necesarios para hacer frente a estas exigencias fiscales. Anaip lamenta que la falta de previsión y acompañamiento institucional en la implementación del impuesto ha derivado en una situación de caos operativo, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas. Muchas de ellas han tenido serias dificultades para contratar especialistas en el impuesto al plástico, lo que ha supuesto una carga añadida en términos de tiempo, costes y esfuerzo organizativo. 

El director general de Anaip, Luis Cediel, asegura: “Desde Anaip llevamos tiempo alertando de las graves consecuencias que está teniendo este impuesto para nuestras empresas. No solo estamos ante una carga fiscal desproporcionada y mal diseñada, sino que además se ha implantado sin la mínima armonización a nivel europeo, lo que nos coloca en clara desventaja competitiva frente a otros países. Las empresas están asumiendo costes enormes, tanto económicos como administrativos, y lo más preocupante es que muchas pymes no pueden hacer frente a esta situación por falta de recursos técnicos y humanos”.

Cabe recordar que el 98% de las más de 3.000 empresas del sector de la transformación de plásticos son pymes y micropymes, lo que refuerza la preocupación por los efectos económicos y administrativos que este tributo está generando. La encuesta también señala que el 69% de las compañías prevé abonar más de 30.000 euros a Hacienda en el ejercicio fiscal de 2025, una cifra significativa que impacta directamente en la cuenta de resultados de estas empresas.

Además, el impuesto al plástico aplicado únicamente en España está generando una grave pérdida de competitividad para la industria nacional en el contexto europeo. Mientras que los fabricantes españoles deben asumir un sobrecoste fiscal directo que puede representar hasta un 30% del precio del producto, sus competidores del resto de la Unión Europea no se enfrentan a esta carga impositiva. Esta desigualdad se agrava aún más cuando las exportaciones se realizan bajo condiciones en las que el transporte es gestionado por el cliente (y no por el propio exportador), ya que en estos casos la Agencia Tributaria no permite la devolución del impuesto, incluso aunque se presente la documentación aduanera que justifica la salida del producto del país.

A este marco fiscal desventajoso se suman horas de trabajo administrativo invertidas en la cumplimentación de declaraciones, así como la necesidad de realizar inversiones para adaptar los sistemas informáticos a las exigencias del tributo, lo cual supone una carga desproporcionada para muchas pymes. Esta burocracia adicional no solo genera costes, sino que resta tiempo y recursos a la actividad industrial propiamente dicha, limitando la capacidad de las empresas españolas para innovar, competir o expandirse en mercados internacionales. En algunos casos, se han detectado posibles inconsistencias en la documentación relativa a los porcentajes de material reciclado, lo que podría estar generando un trato desigual frente a los fabricantes nacionales que cumplen rigurosamente con la normativa. Esta situación pone de relieve la importancia de establecer criterios claros y verificables para los certificados que justifican las exenciones fiscales, con el fin de evitar distorsiones en el mercado.

El impacto económico ya se ha hecho evidente, cuatro de cada diez empresas del sector han asumido un gasto superior a los 50.000 euros desde 2023 como consecuencia del impuesto. En cuanto a los subsectores más afectados, el 67% de las compañías impactadas pertenecen al ámbito de los envases y embalajes, seguidas por las del sector de la construcción (12%), agricultura (6%) y el químico y de fabricación de polímeros (15%).