La nueva subasta del servicio de gestión de demanda de la interrumpibilidad para la primera mitad de 2020 se cerró, como ya era de esperar —dado el recorte de potencia del 60% y la desaparición de los bloques de muy alta disponibilidad de 40 MW obligando a competir por un número reducido de bloques de 5 MW, pasando de 2.400 MW a solo 1.000 MW—, con un enorme daño económico, aún mayor del esperado. No conocemos ningún otro sector de actividad que haya sufrido recortes tan severos.
La industria siderúrgica pide únicamente precios predecibles y competitivos en línea con los de su entorno europeo. Esta situación llega cuando llevamos esperando un año un Estatuto que debería haber sido aprobado en junio del año pasado. Los fabricantes españoles de acero alertamos de que, con la actual diferencia de precio de la energía eléctrica en relación a nuestros competidores europeos, el sector y sus empleos no podrán sobrevivir a largo plazo.
El resultado de la subasta no sólo perjudica al sector siderúrgico y al resto de la industria, sino también a la sostenibilidad del propio sistema eléctrico. La interrumpibilidad es un servicio ampliamente utilizado en este último periodo y, además, una estructura de generación cada vez más renovable y menos predecible, como es la española, necesita sistemas de respaldo para garantizar el suministro. Sin interrumpibilidad el único respaldo viene de fuentes de generación emisoras de CO2.
Con estos resultados, el Gobierno ha priorizado a la generación con emisiones de CO2 sobre los consumidores, como herramienta para garantizar el suministro del sistema eléctrico español. En otras palabras, los pagos por capacidad que reciben las instalaciones de generación eléctrica (principalmente de gas natural) suponen un coste 62 veces superior al de la interrumpibilidad (273 M€ frente a 4,38 M€).
Los altos precios de la electricidad no mueven a la sociedad hacia la electrificación, que es el camino hacia la deseada sociedad neutra en carbono.
UNESID reitera su disposición a colaborar con el Gobierno en el diseño e implantación inmediata de medidas similares a las que tienen los principales países europeos con los que compite nuestra industria, Francia y Alemania. El diferencial de precio que paga la industria española no se debe a ventajas competitivas de Francia o Alemania, sino a decisiones regulatorias españolas.
Es tiempo de actuar en pro de mantener en España una sólida base industrial, motor de innovación y progreso y generadora de empleo estable y de calidad, en línea con la Apuesta verde europea recientemente presentada por la Comisión Europea y que pone un énfasis especial en la industria siderúrgica.
