AMDPress.- La Consejería de Medio Ambiente del Principado de Asturias ha ordenado el cierre cautelar de la factoría de la firma gijonesa Alusigma, especializada en la fundición y aleación de aluminio a partir de chatarra, con el objetivo de que mejore el sistema para reducir la emisión de partículas contaminantes a la atmósfera y también otros elementos de la factoría relativos al medioambiente. La producción de la empresa -principal proveedora de Aceralia e importante suministradora de aluminio reciclado para el sector de la automoción- lleva paralizada desde el 1 de febrero.

La orden llegó el pasado 26 de enero, un día antes de que el propio Principado otorgara la autorización ambiental integrada para la planta de refusión de aluminio de Alusigma. Una autorización que ponía varias condiciones de mejora del sistema a raíz de las alegaciones formuladas durante el período de información pública por la empresa Delfin Tubes, situada frente a la nave de Alusigma. Delfin Tubes protestó por las molestias de la actividad de Alusigma por las emisiones a la atmósfera, lo que propició una inspección del servicio de Medio Ambiente del Principado a la empresa de reciclaje de aluminio.

Alusigma asegura que el problema no son las mejoras que les ha exigido el Principado, sino el plazo que el Gobierno regional les ha impuesto.

La principal mejora consiste en un equipo poscombustor que queme una gran parte de las partículas contaminantes que contienen los gases expulsados del horno de fundición. Estos gases son sometidos a un proceso de filtrado, en filtros de nómex, en el que se emplea cal apagada para hacer que precipiten las partículas contaminantes. Ahora la empresa tendrá que completar este sistema quemando previamente los gases antes de pasar por ese filtro.

La compañía pide al Principado que le conceda un plazo más amplio para adaptar las instalaciones. La legislación establece que en casos extraordinarios se puede conceder una prórroga de hasta seis meses. Eso impediría que tuviera que seguir con sus instalaciones cerradas.

Ante la eventualidad de que eso no se produzca, la empresa ha iniciado los trámites para regular de empleo a 25 de sus 29 empleados. La alcaldesa, Paz Fernández Felgueroso, y el consejero de industria, Graciano Torre, se han reunido en varias ocasiones con propietarios de la compañía. No así Buendía, a quien el 18 de octubre solicitaron una entrevista.