Una de las quejas más recurrentes del sector recuperador es el de las continuas cargas burocráticas y los elevados costes que de ellas se derivan de cada nueva normativa o de las transposiciones de las directivas europeas a nuestro ordenamiento jurídico, ¿podría explicar a qué se debe esta problemática y cuál es su posible solución?
El origen de este problema reside en lo fuertemente regulado que está el sector, una cuestión con la que desde FER estamos de acuerdo para que todos los agentes que en él operan tengan claros sus derechos y obligaciones a la hora de gestionar residuos. Sin embargo, estamos totalmente en contra de que regulación sea sinónimo de imposición de elevadas cargas administrativas que derivan en altos costes para las empresas, hasta el punto de poner en serio riesgo la viabilidad de muchas de ellas.
La solución pasa simplemente por aplicar la Constitución Española. Según el artículo 103.1, las Administraciones Públicas, como organizaciones creadas para servir a los intereses generales, están obligadas a prestar el mejor servicio al ciudadano de acuerdo con la máxima eficacia. Con esta finalidad, se han realizado las reformas administrativas en España intentando modernizar a la Administración Pública; de tal forma, que haga del principio de eficacia y eficiencia su eje vertebrador. Tal principio, en lo referente a nuestro sector, está muy lejos de cumplirse.
Es muy difícil de entender cómo, en plena era de la digitalización y de la automatización, las empresas siguen cumplimentando registros de su actividad en plataformas obsoletas más propias del siglo pasado, y que, además, lo tengan que hacer por duplicado o triplicado al no existir a estas alturas un registro único al que puedan acceder las distintas Administraciones Públicas.
¿Tanta es la carga legislativa a la que está sometida la industria del reciclaje?
Sin duda, y para demostrarlo permítame que haga un pequeño repaso de las novedades legislativas que aparecerán a corto y medio plazo, no necesariamente en el orden en que lo enumero. Comenzaremos por la modificación de Real Decreto de Traslado de Residuos, cuyo borrador se sometió a información pública a finales de 2018. A continuación, tendrá lugar la entrada en vigor de la plataforma electrónica de RAEE.
Seguidamente, verá la luz el registro de producción y gestión de residuos y la plataforma eSIR con el control de los traslados de residuos con notificación previa. Luego, también se llevará a cabo la transposición de las modificaciones sufridas por diversas directivas europeas; la más importante afectará a la Ley 22/2011 de residuos, pero después seguirán todos los Reales Decreto de neumáticos, envases, RAEE, VFU, RCD, etc.
Tampoco conviene olvidar la aprobación del Real Decreto sobre control y recuperación de fuentes radioactivas huérfanas que, entre otras cuestiones, incluye la obligación para las empresas dedicadas a la recuperación y reciclaje de metales de disponer de personal formado.
Por otro lado, resumo para no extenderme más, hace unos meses salió a información pública el último proyecto de Orden de la Ley de Responsabilidad Ambiental; se está trabajando en una modificación del Reglamento 850/2004 sobre contaminantes orgánicos persistentes; se está realizando un anteproyecto de la Ley de lucha contra el fraude fiscal y la transposición de la Directiva 2016/1164, y se está tramitando la transposición de la Directiva 2016/943, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información no divulgados contra su obtención, utilización y revelación ilícitas.
Todo ello, sin olvidar los planes de residuos que las diferentes comunidades autónomas están aprobando en sus respectivos parlamentos y que, además de las citadas cargas administrativas, pueden suponer otros problemas igual o más graves para el sector.
¿A qué tipo de problemas se refiere?
En los últimos planes de residuos autonómicos, a los que FER ha presentado alegaciones cuando se encontraban en proceso de información pública, hemos constatado que parece cada vez se quiere acotar más la gestión privada de los residuos; es decir, en casos como la ley recién aprobada en las Islas Baleares o el que se está tramitando en Galicia, se vulnera la libre competencia. Además, varios de sus artículos atentan directamente contra las leyes estatales y comunitarias en lo referente a gestión de residuos.
¿De qué forma puede afectar a las empresas del sector?
No solo puede afectar al desarrollo de su actividad, al impedir operar libremente en una comunidad autónoma disponiendo de todas las autorizaciones preceptivas, sino que además se establecería una clara discriminación de unas autonomías respecto de otras, quebrando, a su vez, el principio de igualdad y de seguridad jurídica que debe existir en todo el Estado para las empresas.
FER ya ha planteado un contencioso contra la recién publicada ley de residuos de Baleares y esperemos que el tribunal falle a favor de nuestra argumentación y acabe con el sinsentido que supone penalizar a una industria que es vital para que nuestro país pueda alcanzar los objetivos de reciclaje y valorización a los que se ha comprometido con la Unión Europea.
