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La Alianza por la Competitividad solicita al Gobierno que se oponga a la medida regulatoria que baraja la Comisión Europea para el consumo de gas

El mecanismo se activaría unilateralmente por la comisión o los Estados miembros
Gas
Los consumidores de gas españoles, entre ellos la industria, vienen financiando una gran inversión en gas.

La Alianza por la Competitividad de la Industria Española, constituida por ANFAC y SERNAUTO (automoción), AOP (refino), ASPAPEL (papel), FEIQUE (química y farmacia), FIAB (alimentación y bebidas), OFICEMEN (cemento), PRIMIGEA (materias primas minerales) y UNESID (siderurgia) ha enviado a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, una carta solicitando que el Gobierno de España se oponga frontalmente a una nueva medida regulatoria que está considerando la Comisión Europea, consistente en un sistema de alerta que obligaría a los Estados miembros a reducir su consumo de gas en unos porcentajes preestablecidos, un mecanismo que se activaría unilateralmente por la Comisión o por petición de dos Estados miembros.

Las razones de esta oposición son las siguientes:

  1. No tiene sentido imponer reducciones de consumo de gas en todos los países por igual, independientemente de su situación particular y de que el gas no consumido pueda o no ser exportado y consumido por otros países de la Unión.
  2. Forzar paradas industriales en países en los que no es necesario, agravará la escasez de productos esenciales en toda Europa y aumentará el impacto económico de la crisis, poniendo en riesgo el funcionamiento de toda la cadena de valor de la economía europea.
  3. Los consumidores de gas españoles, domésticos e industriales, vienen financiando desde hace años una gran inversión en infraestructuras de gas, precisamente para reducir el riesgo de dependencia de un solo país suministrador. Este incremento de costes lo hemos asumido para limitar nuestra exposición a cortes de suministro, siendo incoherente que se pueda decidir por parte de la propia Comisión Europea que paremos nuestras fábricas y se genere gratuitamente una caída de actividad y empleo.
  4. Una propuesta como la contemplada requiere escrutinio completo de las instituciones Comunitarias, no pudiendo escamotearse de su debate al Parlamento y Consejo europeos.

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