La Sepi apoya la división de los astilleros civiles y militares para garantizar la viabilidad del grupo

AMDPress.- La Comisión Europea (CE) ha cerrado ya el segundo expediente abierto a los astilleros públicos españoles por ayudas ilegales, esta vez por un importe que prácticamente dobla el anterior, de 308 millones de euros. La nueva multa impuesta por el comisario europeo de Competencia, Mario Monti, asciende a 560 millones y se comunicará al Gobierno español, previsiblemente, tras las vacaciones estivales. En concreto, la apertura del nuevo expediente abierto a Izar está motivada por “las aportaciones de capital a Bazán en forma de ampliación de capital y primas para la fusión con los astilleros civiles”, una operación que fue aprobada por el Gobierno del PP en 2000.

La empresa estatal Bazán, del sector militar naval, fue fusionada en julio de 2000 con la también estatal Astilleros Españoles Civiles (Aesa) del sector civil, dando como resultado la actual Izar. La decisión supuso entonces una salida para la grave crisis por la que atravesaban ambos astilleros, pero fue tomada por el Ministerio de Industria a espaldas de la Comisión Europea, que había lanzado serias advertencias por las ayudas públicas concedidas a la parte civil de los astilleros.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), Enrique Martínez Robles, ha mostrado a los sindicatos con representación en Izar (CCOO, UGT, ELA, USTG, CAT y CIG) su apoyo a que el eje principal del plan de viabilidad que prepara el Ejecutivo para garantizar el futuro del grupo pase por la segregación de los astilleros civiles y militares. Los sindicatos, que han expresado un rechazo unánime a esta medida, han advertido que llamarán a la movilización de los trabajadores de la empresa si el plan definitivo de viabilidad incluye esta medida.

En este sentido, el responsable del Sector Naval de CCOO, Pedro Jesús Lorca, ha argumentado que la segregación de actividades no es la solución dado que los astilleros civiles difícilmente solucionarán sus problemas aunque pasen a manos privadas. A su juicio, parece que con esta medida el Gobierno pretende “quitarse de encima el problema”.

La Sepi insiste, sin embargo, en que todas las alternativas de trabajo que en este momento se están valorando, incluida la “concentración” de los centros productivos, tienen como objetivo el mantenimiento de la operatividad y la continuidad de estos astilleros dentro de unos parámetros de rentabilidad y eficiencia, y con el mayor volumen de actividad y de empleo posible.

Ambas partes volverán a reunirse el próximo 7 de septiembre para que el holding público presente el plan definitivo para el futuro de Izar. Tras esa reunión se abrirá un periodo de negociaciones para concretar las medidas que finalmente se adopten.

Asimismo, los alcaldes de Sevilla, Cádiz, San Fernando, Cartagena, Ferrol y Puerto Real, donde tienen presencia los astilleros Izar, han anunciado que se reunirán hoy en Madrid para analizar la situación y pedir información directa al Gobierno acerca de los planes que tiene para las distintas factorías.