La Audiencia Nacional ha confirmado la orden del Ministerio de Industria de cerrar la central nuclear de Santa María de Garoña en julio de 2013. Endesa e Iberdrola, propietarias de la central, no recibirán compensación alguna por el cierre definitivo de la instalación, pese a que reclamaban una indemnización de unos 1.400 millones de euros. Ante el fallo sólo cabe recurso de casación en el Tribunal Supremo.

Las dos compañías eléctricas reclamaban que la central burgalesa funcionara 20 años más o, en caso contrario, recibir los citados 1.400 millones de euros -951 por el lucro cesante y el resto por el inmovilizado de la central-. Las eléctricas consideraron que el cierre era una decisión arbitraria, una expropiación encubierta solo sustentada por una decisión política.

La sentencia, de 52 folios, subraya que “el titular de una nuclear no tiene un derecho indefinido y temporalmente ilimitado a continuar explotando la misma, sino que al solicitar su renovación siempre está expuesto a que la misma sea denegada, y ello a pesar del informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que solo es vinculante cuando tenga carácter denegatorio de la concesión”.

Así pues, el fallo avala las tesis de Industria y certifica que los argumentos del ministerio para cerrar la central no fueron “ni caprichosos ni irrazonables” y considera que la orden ministerial de clausura incluye una “fundamentación razonable y suficientemente extensa”. La sentencia afirma que la justificación del cierre “para potenciar las energías renovables” es “especialmente relevante”.

Se da la circunstancia de que los argumentos de Nuclenor, sociedad que explota la central y que es propiedad al 50% de Endesa e Iberdrola, fueron elaborados por Fabrizio Hernández, quien fue nombrado secretario de Estado de Energía el pasado mes de enero. La abogada del Estado que ha llevado el caso ha desmontado una por una las previsiones del ya número dos de Industria, cuyo informe no es “ni realista, ni fiable, ni verosímil”, según la letrada.