AMDPress.- La Asociación Provincial de Desguaces y Reciclaje del Automóvil de Toledo celebró el pasado jueves, 11 de abril, una jornada en la cual el director general de Calidad Ambiental de Castilla-La Mancha, Javier Nicolás, explicó a los empresarios desguazadores y recicladores de automóviles la nueva normativa que regula las instalaciones de gestión de los vehículos fuera de uso (VFU).

El pasado 28 de diciembre la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de Castilla-La Mancha publicó la orden que regula los requisitos técnicos y administrativos de la gestión de los vehículos al final de su vida útil. La orden obedece a la consideración que desde el 1 de enero tienen los VFU, calificados como residuos peligrosos en toda la Unión Europea (UE), lo que exige adaptaciones en los desguaces, que han pasado a ser gestores de residuos peligrosos. Mediante esta orden la Consejería pretende facilitar la transición que tendrán que realizar este tipo de instalaciones -que pasarán a denominarse centros autorizados de recepción y descontaminación de vehículos, CARD-, y que además estas cuenten con un instrumento normativo que establezca un marco de referencia.

La protección ambiental es, asimismo, uno de los objetivos de la orden, dado que establece medidas básicas dirigidas a reducir la eliminación de los residuos procedentes de los vehículos, dando prioridad a la reutilización, el reciclado y otras formas de valorización.

Los cambios que implicará la aplicación de las normas comunitarias pone en peligro la existencia de 2.700 desguaces, puesto que sólo 800 de las 3.500 instalaciones existentes en España están preparadas para asumir las obligaciones contempladas en las normas europeas, según afirmó recientemente Manuel Kindelan, gerente de Sigrauto, asociación que agrupa a las asociaciones de fabricantes de automóviles, importadores, desguazadores y fragmentadores de chatarra.

En la actualidad el Ministerio de Medio Ambiente (MIMAM) ultima el decreto que traspondrá al ordenamiento jurídico nacional la Directiva 2000/53/CE, que obliga a reciclar el 85% del peso del vehículo en 2006 y el 95% en 2015.