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Afirma que su sistema de impuestos violaba las reglas del comercio mundial
AMDPress.-La Organización Mundial del Comercio (OMC) se ha pronunciado en contra de Estados Unidos en la "guerra comercial" que le enfrentaba, desde enero de 2002, con la Unión Europea sobre su práctica de cobrar impuestos especiales a la importación de productos de acero procedentes de España y Reino Unido. Los árbitros de la Organización han concluido que el sistema estadounidense de impuestos violaba las reglas del comercio internacional.
La disputa comenzó en enero de 2002, cuando el presidente estadounidense George W. Bush dio la luz verde a la imposición de aranceles de hasta un 30% a las importaciones de acero de España y Reino Unido. Ante los primeros descontentos de la UE y sus primeras peticiones de intervención a la OMC, Washington afirmó que se trataba de una medida temporal destinada a proteger la industria local de la competencia internacional.
Sin embargo, a pesar de los argumentos de la Administración Bush para mantener dichos aranceles, éstos fueron declarados ilegales por los árbitros de la OMC. Fue entonces cuando la UE amenazó con tomar represalias si el gigante norteamericano no modificaba su sistema de cobrar impuestos.
En enero de 2003, la OMC dio a Estados Unidos nueve días para eliminar los aranceles y el Gobierno estadounidense prometió que lo haría. Sin embargo, el año pasado -mientras George W. Bush prometía proteger a la industria estadounidense del acero durante su campaña electoral- Bruselas acusó a Estados Unidos de haber introducido reformas que eran insuficientes y solicitó un nuevo arbitraje, hecho público ahora.
Actualmente, las exportaciones a Estados Unidos representan cerca de un 5% de la producción siderúrgica de la UE. Esta cantidad hizo que muchas compañías estadounidenses -que dependen del acero para fabricar sus productos- se opusieran a las tarifas propuestas por Washington al considerar que éstas podrían poner en peligro numerosos puestos de trabajo.
Los productores siderúrgicos estadounidenses rechazaron, por su parte, estos argumentos y sostuvieron que los efectos en los precios serían mínimos para el consumidor y no habría pérdidas significativas en el sector laboral de la industria que utiliza acero.