Nadie pone en duda hoy día el valor esencial que actualmente tiene la minería para España y para Europa. Durante los últimos años, ha quedado evidenciada la excesiva dependencia de terceros en el suministro de materias primas críticas y, aún más, el papel indispensable que juegan estos elementos en la transición energética y digital. La UE importa el 100% de 17 de los 34 materiales denominados críticos.

Se trata de un sector que, sólo en nuestro país, agrupa a 3.755 empresas y 4.650 explotaciones mineras y fábricas; que genera 319.00 empleos, 26.600 millones de euros en volumen de negocio y 11.800 millones en exportaciones; y que mantiene los más altos estándares de calidad, innovación, sostenibilidad y seguridad.

Europa es consciente del valor de la industria extractiva. Así lo confirman iniciativas como la Ley de Materias Primas Críticas de la UE, que persigue asegurar un suministro sostenible, consolidar las cadenas de suministro nacionales, reforzar el compromiso internacional desarrollando pactos beneficiosos para la UE y terceros países y promover una economía de materias primas más circular y más sostenible. Y al amparo de esta ley, los estados miembros deben desarrollar sus propias normativas que garanticen la defensa y la promoción del sector. Es por ello que, la pasada semana, la propia Comisión Europea pedía a sus miembros la elaboración de un plan para la exploración de recursos geológicos, cuya extracción debe iniciarse en menos de dos años.

Un requerimiento al que España se había adelantado con la puesta en marcha de una estrategia específica, plasmada en la Hoja de Ruta para la gestión sostenible de las materias primas minerales. El documento, aprobado en agosto del pasado año por el Consejo de Ministros, está alineado con las políticas europeas sobre materias primas -como el Plan de Acción de Materias Primas Fundamentales o el reciente REPowerEU-, con el propio Pacto Verde, y con herramientas nacionales ya existentes, como la Estrategia de Seguridad Nacional o la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050. Esta Hoja de Ruta contempla, además, hasta 46 medidas para que España aproveche sus recursos autóctonos, siempre de un modo sostenible.

Incluso comunidades autónomas como Andalucía, con una gran riqueza minera, y que representa el 40% del valor de producción minera nacional, cifra que se eleva al 90% en el caso de la minería metálica, ha aprobado recientemente la Estrategia para una Minería Sostenible en Andalucía 2030, un instrumento complementario a la Hoja de Ruta nacional, con objetivos comunes en términos de sostenibilidad y eficiencia energética para el sector industrial y minero.

Pero no sólo los gobiernos están mostrando su apoyo al sector minero, también lo están haciendo las grandes compañías: desde entidades bancarias hasta instituciones geopolíticas, todas van poniendo en marcha iniciativas para poner en valor la minería y su entorno.  De hecho, acaba de nacer la Coalición Social de Materias Primas, formada por más de 40 organizaciones, principalmente europeas, que persiguen la reducción, reutilización y reciclaje de materiales; y surgen asociaciones como Rigth to Repair, que persigue el objetivo de maximizar la circularidad de los productos que contengan materias primas críticas y luchar contra la obsolescencia programada. 

Sin embargo, pese a las evidencias, algunas organizaciones ecologistas radicales y otros colectivos relacionados no cesan en su empeño de posicionar al sector como una industria contaminante e irrespetuosa con el medio ambiente. Intencionadamente, omiten en sus valoraciones que, por ser uno de los sectores más regulados que existen, cualquier explotación minera española está controlada permanentemente, no sólo por la administración minera, sino por la medioambiental y por otras muchas que también deciden sobre los requisitos necesarios del proyecto antes de su aprobación, trámite que dura años y que requiere decenas de permisos y licencias (evaluación de impacto ambiental, biodiversidad, plan de restauración, aguas, atmósfera, seguridad y salud, vías pecuarias, cultura, y un muy largo etcétera).

Esas organizaciones parecen preferir que Europa acentúe su dependencia y se siga abasteciendo de materias primas minerales procedentes de países terceros, muchos de ellos inestables políticamente, con muy cuestionables o directamente inexistentes legislaciones medioambientales o de derechos humanos.

No olvidemos que, gracias a las materias primas minerales, los ciudadanos pueden tener absolutamente todo lo que les rodea: vivienda, alimentos, medios de transporte, hospitales, colegios, universidades, museos, televisiones, teléfonos móviles, ordenadores, electricidad, etc. Absolutamente todo. Por lo tanto, cuestionar indiscriminadamente a esta industria no tiene ningún fundamento.

Como sucede con el resto de los sectores industriales, también es necesario poner en valor el esfuerzo de la industria extractiva, por adaptarse a los criterios de sostenibilidad marcados el Pacto Verde o su alineamiento con los Objetivos del Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Y citar, asimismo, numerosos casos ejemplares de excelentes restauraciones ambientales que se han llevado a cabo cuando estas explotaciones mineras dejan de estar en uso. Y, además, hay que destacar su papel en la creación de empleo de calidad en el medio rural, en la creación de cadenas de valor y, consecuentemente, en la fijación de la población.

La publicación de informes que denuncian, con fondos públicos y sin base alguna, la ilegalidad de las explotaciones mineras no hace sino ir en contra de la realidad de la industria y, asimismo, contra la apuesta ya manifiesta de Europa y del propio Gobierno de España de reforzar el sector minero, contemplando no sólo la defensa y protección de la industria, sino también la necesidad de contar con nuevas explotaciones que den respuesta a la elevada necesidad de rocas y minerales, entre ellos los denominados críticos, todos ellos indispensables para la neutralidad climática y el impulso de sectores estratégicos como las energías renovables, la industria digital y aeroespacial y el transporte eléctrico.

Desde la propia Fundación Minería y Vida, que nació hace ya un año, estamos trabajando para impulsar a la industria extractiva, poniendo el foco en mostrar la vocación del sector, así como su compromiso con la mejora sostenible y el desarrollo social de los territorios donde estas empresas desarrollan sus actividades. Contamos con el apoyo de las principales asociaciones vinculadas a las materias primas minerales, organizaciones ecologistas, universidades y, desde ella, tenemos ya en marcha una serie de acciones que contribuyen a alcanzar los objetivos de transición energética y neutralidad climática establecidos por Europa.

No debemos perder de vista que nos encaminamos hacia una transición energética en el que todas las materias primas minerales siguen siendo esenciales. Elementos como el wolframio para fabricar teléfonos, o el litio, el cobalto y el níquel para los coches eléctricos, están ya considerados de primera necesidad y su extracción es prioritaria. Es responsabilidad de todos contribuir al impulso de un sector que está evolucionando hacia una actividad sostenible, moderna, segura y, sobre todo, estratégica para garantizar el futuro de nuestro planeta.

Por todo ello, la minería en España es modélica, sostenible y no acepta infundadas acusaciones de ilegalidad de grupos de interés que solo persiguen acabar con una actividad más que nunca estratégica y necesaria y que aporta riqueza, empleo y compromiso con su entorno.